Pequeños mineros del sector Nacupay en El Callao emplazan al ministro de Desarrollo Minero y Ecológico, Héctor Silva, a desmantelar una presunta trama de corrupción e impunidad que exige matracas de hasta $25.000 USD por el Registro Único Minero (RUM).
Los pequeños mineros organizados y la junta directiva de la Alianza Agrominera Mamá Pancha, organización constituida desde 2023 en el emblemático sector Nacupay del municipio El Callao, denunciaron públicamente ante el país la existencia de una peligrosa red de corrupción, extorsión y amedrentamiento. La organización emplazó directamente al ministro del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, a desmantelar este esquema que busca asfixiar al pueblo minero y boicotear la regularización impulsada por el Ejecutivo Nacional.
A pesar de haber cumplido con todos los recaudos exigidos desde su formalización, la Alianza Agrominera Mamá Pancha no ha obtenido el Registro Único Minero (RUM), un instrumento público, gratuito y obligatorio emitido por el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, indispensable para tramitar las guías de transporte ante el Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (SENAFIM). Según la denuncia, funcionarios de dependencias nacionales han pretendido mercantilizar este derecho, exigiendo sumas ilícitas que oscilan entre los 5.000 y 25.000 dólares como condición para liberar el documento.
Asimismo, la organización señaló penal y administrativamente la complicidad de una funcionaria adscrita al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, a quien identifican como la principal responsable de ejecutar este esquema de cobros ilícitos (comúnmente denominados «vacunas») para la tramitación del RUM. Por tal motivo, solicitan a los organismos de seguridad e inteligencia del Estado que realicen una intervención e investigación exhaustiva dentro del ministerio para desmantelar estas redes de corrupción que perjudican gravemente a los trabajadores del sector minero.
Reiterando su disposición de aportar las cuotas de mineral correspondientes, la Alianza Agrominera Mamá Pancha consignó seis (6) solicitudes formales entre julio y septiembre de 2026 ante la sede regional de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) en El Callao. El objetivo central de estas comunicaciones consistía en: Solicitar la inspección técnica en el sitio para fijar el porcentaje de arrime de oro al Estado venezolano, Requerir la emisión del Acta de Inicio de operaciones, Solicitar una audiencia formal para destrabar el proceso administrativo y consignar nuevamente la totalidad de la documentación legal exigida.
No obstante, ante esta demostración de voluntad y cumplimiento legal, la respuesta de las autoridades locales fue la denegación sistemática, el silencio administrativo y la negativa injustificada a recibir la correspondencia.
Lejos de atender las vías institucionales, el pasado martes 22 de septiembre de 2026, comisiones mixtas irrumpieron arbitrariamente en las áreas de trabajo. Sin orden judicial ni acta de retención, las comisiones pretendieron despojar a los mineros de las arenas producto del saneamiento ambiental, realizado a costo de la propia Alianza para erradicar pasivos ambientales históricos.
Los afectados señalan como presuntos responsables de estas irregularidades al Capitán Luisen Álvarez (Jefe regional de la CVM en El Callao), Erinkcson Valecillos (Gerente de Pequeña Minería de Minerven, absorbida por la CVM), el Mayor Serrano y Kennedy González. Según la denuncia, estos funcionarios utilizan al Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (GEPAMO) para amedrentar a los trabajadores, alegando supuestas «orientaciones directas» del ministro Héctor Silva.
Ante la gravedad de los hechos, la Alianza solicita una audiencia directa y pública con el ministro Héctor Silva para presentar las pruebas del bloqueo sistemático, exhibir la documentación de la concesión vigente y las certificaciones de remediación ambiental avaladas por el MINEC. Asimismo, buscan instalar una Mesa de Trabajo que permita firmar de inmediato el acuerdo institucional de arrime sin intermediarios corruptos.
Yunices Barreto, presidenta de la Alianza Agrominera Mamá Pancha, fue enfática al señalar que, «nosotros hemos solicitado el RUM por todas las vías correspondientes y la respuesta de las mafias Nacionales ha sido negárnoslo. Queremos cumplir con el país, hemos pedido una y otra vez que la CVM venga a evaluar el área para saber cuánto le corresponde al Estado de forma legal. Pero en vez de inspectores técnicos, lo que recibimos son comisiones armadas, amedrentamiento con el GEPAMO y despojo de nuestro trabajo. Exigimos el cese inmediato del hostigamiento, que se desmantelen las redes de extorsión y que se abran los canales de diálogo e incorporación formal.»
Por su parte, Gipxi García, vicepresidenta de la organización, declaró que, «le solicitamos al Ministro Silva, respetuosa pero firmemente, que nos atienda. Venga a Nacupay o recíbanos para que vea la verdad con pruebas en mano. Los pequeños mineros no somos delincuentes; queremos producir, trabajar y aportarle a la Patria. Exigimos una investigación penal, administrativa y disciplinaria inmediata del Ministerio Público, la DGCIM y el SEBIN sobre las autoridades nacionales y locales que se escudan bajo supuestas ‘órdenes superiores’ para asfixiar al pueblo trabajador«. La representación de la Alianza Agrominera Mamá Pancha concluyó advirtiendo que estas desviaciones representan una amenaza directa contra la soberanía y ecología minera del país, e hizo un llamado a los mandos militares y policiales a cesar de inmediato cualquier despliegue armado u hostigamiento contra las familias trabajadoras del sector Nacupay.
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