Bases de Agrominera Mamá Pancha exigen la emisión del R.U.M., entrega de Actas de Inicio y Arrime, y el cese inmediato del hostigamiento militar coordinado por mandos regionales.
Después que la directiva de Agrominera Mamá Pancha, C.A. hiciera públicas graves denuncias ante medios de comunicación sobre trama de corrupción y trabas burocráticas en el sector minero, se desató una peligrosa ola de amedrentamiento, persecución y asedio armado contra sus áreas de trabajo en el sector Nacupay, municipio El Callao.
La Junta Directiva aclaró enfáticamente ante el país que, el verdadero interés y motivación de sus denuncias públicas y acciones legales es ejercer el derecho constitucional al trabajo digno, garantizar la remediación de pasivos ambientales históricos sufragada a costo de la propia organización bajo providencias del MINEC, y lograr la incorporación formal para arrimar de forma directa, transparente y legal el porcentaje de mineral aurífero que le corresponde al Estado venezolano a través del contrato vigente de Alianza Estratégica, erradicando el desvío de recursos y las mafias de extorsión que sabotean el desarrollo del país.
Asedio nocturno y cerco con vehículos de Resguardo Minero.
Lejos de atender las solicitudes productivas, las acciones de retaliación armada se intensificaron a partir del viernes 2 de octubre desde las 2:00 p.m. y se prolongaron durante la noche. Individuos vestidos de civil portando armas de fuego a bordo de motocicletas irrumpieron en el campamento persiguiendo a las cuadrillas de operarios, acompañados por un vehículo rústico tipo Toyota Land Cruiser («Machito») color blanco con presuntos efectivos de RESGUARDO MINERO.
Sin exhibir orden judicial de allanamiento, acta de fiscalización ni credenciales oficiales, las unidades cercaron el perímetro ejecutando vigilancia hostil con drones y armas largas. Este despliegue responde directamente a la negativa de la empresa de ceder ante esquemas ilícitos donde funcionarios ministeriales exigen pagos de entre $5.000 y $25.000 USD como condición para liberar el Registro Único Minero (R.U.M.), trámite que por ley es gratuito y obligatorio ante el SENAFIM.
Desmontaje técnico y violación flagrante a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA):
El asedio busca silenciar las irregularidades documentadas en la minuta AMMP-CVM–001-2026 del 30 de septiembre de 2026, consignada formalmente ante el presidente de la CVM, Héctor Silva. En dicho documento se desvirtuaron los pretextos de la oficina regional de El Callao, donde se retiene el Acta de Inicio y el Acta de Arrime alegando que debemos tener el registro Único Minero RUM, y que pese a una supuesta «falla del sistema SIGDME por migración» ininterrumpida desde 2023, no le han podido entregar a la empresa Agrominera Mamá Pancha, ni a las brigadas que están en espera los Registro Único Minero (RUM).
Las autoridades regionales incurrieron en silencio administrativo continuado e intentaron negarse a recibir correspondencia formal (violando los artículos 2, 4, 44 y 67 de la LOPA), traba superada tras la presión comunitaria que forzó el sellado formal el 30 de septiembre. La conducta dilatoria de los funcionarios para bloquear trámites acarrea sanciones disciplinarias y multas directas.
La normativa del R.U.M. exceptúa expresamente a las formas asociativas en curso, amparo que cobija a la alianza. Asimismo, dicho certificado estipula que «no otorga derechos ni permisos para actividades mineras», siendo jurídicamente ilegal usarlo como condición para frenar actividades operativas.
Violación a leyes militares por efectivos de RESGUARDO MINERO y GEPAMO.
Los afectados señalaron como autores intelectuales de este cerco al Capitán Luisen Álvarez (Gerente de Regiones CVM), Erinkcson Valecillos (Gerente de Pequeña Minería CVM/Minerven) al Mayor Serrano y Kennedy González adscritos al MIDME denunciando que el uso de efectivos militares y resguardo minero contra civiles desarmados transgrede el ordenamiento legal castrense: La Ley Constitucional de la FANB prohíbe desviar los medios de defensa de la Nación para ejecutar coacciones privadas o despojos de bienes sin mandato judicial y la Ley de Disciplina Militar (Arts. 6 y 34) tipifica como faltas gravísimas el abuso de autoridad, extralimitación de funciones y empleo no autorizado de armamento y vehículos institucionales («Machito») para hostigar comunidades; el artículo 6 fija que ninguna orden verbal justifica cometer delitos.
Así mismo, el Código Orgánico de Justicia Militar (Art. 509) sanciona con prisión el delito de Abuso de Autoridad contra mandos y uniformados que ejecuten vejaciones o incautaciones de facto (como el intento arbitrario de despojo de mineral slime ocurrido el pasado 22 de septiembre).
Declaraciones de la directiva y exigencia categórica Yunices Barreto, presidenta de Agrominera Mamá Pancha, C.A., afirmó que: “Nuestro único interés es trabajar en paz, recuperar el ambiente y aportar oro legal al Banco Central y al Estado venezolano. Por negarnos a pagar extorsiones y denunciar la verdad en los medios, nos responden con armas y asedio nocturno. Tenemos contrato de Alianza firmado con la CVM y aval del MIDME. Exigimos el cese del hostigamiento armado en Nacupay y plenas garantías para la vida de nuestros trabajadores”.
Por su parte, la vicepresidenta de la organización, Gipxi García, concluyó señalando que: “Hacemos responsables a las autoridades locales y nacionales de la CVM, MINERVEN, MIDME mandos de GPMO y RESGUARDO MINERO adscritos a la FANB de cualquier agresión física contra nuestro personal obrero o técnico. Le reiteramos al ministro Héctor Silva nuestro llamado a que nos reciba en Caracas o verifique la realidad en El Callao. Exigimos la intervención urgente del Ministerio Público, DGCIM, SEBIN e Inspectoría de la FANB para sancionar penalmente a quienes usan armas de la República para amedrentar a quienes producimos soberanía y riqueza para la Patria».
Deja una respuesta