Ante la creciente incertidumbre y el reporte de irregularidades en el sector productivo, representantes de los trabajadores de varias empresas y colegios privados han elevado su voz para solicitar al Ejecutivo Nacional la publicación inmediata en Gaceta Oficial del decreto que formaliza el aumento del Ingreso Mínimo Integral a 240 dólares.
La exigencia surge tras las denuncias recibidas sobre el incumplimiento por parte de diversos empresarios del sector privado, quienes —amparándose en la ausencia del documento legal— han hecho caso omiso al exhorto realizado por la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado 30 de abril del 2026.
El sector privado bajo la lupa
A pesar del anuncio oficial y la expectativa generada, la dirigencia laboral sostiene que el «exhorto» no ha sido suficiente para garantizar el cumplimiento del pago en la totalidad de las empresas.
«Sin el respaldo de la Gaceta Oficial, muchos empleadores alegan que no existe una obligación legal vinculante, dejando a miles de trabajadores en un limbo económico frente a la inflación reinante», señalaron los afectados ya que no reciben bonos como los trabajadores del sector público.
Gremio educativo en espera de tabuladores
A esta exigencia se suma con fuerza el sector educación. Los docentes y el personal administrativo han manifestado su preocupación, no solo por la formalización del ingreso integral, sino por la deuda pendiente respecto a los nuevos tabuladores salariales que fueron anunciados por el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.
El gremio educativo enfatiza que:
La publicación de las tablas salariales es vital para respetar la progresividad de los derechos y la meritocracia profesional. Asimismo, solicitan con urgencias que el Ministerio del Trabajo clarifique las escalas según años de servicio y nivel de formación académica.
Los trabajadores, tanto del sector público como del privado, hacen un llamado a las autoridades competentes para que se agilice la vía administrativa. Reiteran que la transparencia y la seguridad jurídica son los únicos mecanismos capaces de garantizar que el beneficio anunciado llegue efectivamente al bolsillo de los venezolanos, evitando interpretaciones discrecionales por parte de las patronales.
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